LIMITACIONES AL GOBIERNO Y AL ESTADO DESDE LA LEY NATURAL

LIMITACIONES AL GOBIERNO Y AL ESTADO DESDE LA LEY NATURAL

 

 

1.-     La ley natural orienta y limita la actuación de gobernantes y legisladores.

 

Nuestros autores del siglo XVI español tenían una muy alta valoración del amor a la patria como acicate del bien común de la república –Porque todo hombre desea naturalmente honrar y ennoblecer su patria, y procura de pasar a ella todo el bien (…)[490] decía Mercado- y también, en consecuencia, valoraban en muy alto grado el oficio de gobernar por el gran bien que podían realizar en la sociedad y en el bien común del conjunto de la nación si actuaban con sabiduría y prudencia respetando los principios generales de la ley natural. También eran conscientes del mal tan enorme que podían transmitir a la sociedad con sus errores queridos y también con los que aun siendo no queridos eran también nefastos en cuanto no dejaban de ser errores. Esa admiración y responsabilidad queda patente por ejemplo en las siguientes palabras de Soto: El gobernar es oficio y acto de la prudencia, la cual, si no va acompañada de todas las virtudes, no puede ser verdadera; pues el prudente juzga de todas las cosas, y porque cual es uno así le parece el fin, es necesario que esté bien inclinado a todas las cosas de que debe juzgar[491].

Pues bien, uno de los aspectos más significativos y de mayor repercusión de la obra de Vitoria, Soto y Mercado –y en el que prácticamente todos los autores de la Escuela de Salamanca coincidían- es precisamente esa preponderancia de la ley natural -que tiende siempre al bien común- sobre las leyes humanas y sobre los gobernantes –incluido el Rey- y los legisladores. Así Vitoria afirmará taxativamente: Toda ley debe ordenarse al bien común[492].

Y, como consecuencia de ello, plantea con firmeza esa majestad universal de la ley natural sobre todas las demás, justificando incluso la rebelión ante su transgresión: No  es lícito al príncipe dar una ley que no atienda al bien común; de otro modo sería una ley tiránica, no una ley justa, puesto que se trata de una persona pública, que está ordenada al bien común y es un ministro de la república.[493]

Y aún con más claridad concluye que las leyes injustas que vulneran principios generales de ley natural no son ni siquiera leyes aunque así se las quiera llamar: No sólo no le es lícito, sino que es imposible que dé una ley que no atienda al bien común, porque tal ley no sería ley, y si constara que de ninguna manera mira al bien común, no habría que obedecerle. De lo cual se sigue un corolario: que aunque una ley haya sido bien dada y sea justa, si se hace inútil con el paso del tiempo, esa ley cesa y no hay que mantenerla. Se sigue también que aunque una ley sea justa, si hubiera alguna provincia en la que fuese inútil y perniciosa, allí no habría que obedecerla. Pero hay que notar que puede ser útil para la comunidad, aunque para uno u otro particular no lo sea.[494]

 

Y también Soto con rotundidad y apelando de nuevo a los clásicos romanos: Las leyes inicuas, en cuanto se apartan de la razón (como dice Cicerón, 2 de legib.), no solamente no se han de tomar por leyes, pero ni siguiera se han de llamar tales. Por tanto, en este sentido no se derivan de la eterna[495].

Sacando todas las consecuencias posibles de ello, y para orientar la conciencia y la actuación de los ciudadanos que buscaban en su magisterio una guía segura, sentencia Vitoria que La ley humana justa obliga en el foro de la conciencia, pero no la injusta.[496]

Esa preponderancia de la ley justa y la posible resistencia al poder injusto queda resaltado por Dalmacio Negro cuando señala que (…) con el cristianismo, fortalecido por la fe, a la que corresponde ahora la auctoritas, la idea de virtud natural (hábito), se consideró aplicable a todos los humanos el Derecho universal fundado directamente en la naturaleza, al que se puede apelar como verdadero Derecho, en cuanto expresa el verdadero orden del mundo, incluso para resistir al poder injusto o ilegítimo aunque sea legal. [497]

Así, por todo lo dicho hasta ahora,  se entiende que Rothbard –que tantas ideas tomó de Hayek y éste de aquél- nos diga que: En una época en que los pensadores predicaban en Francia e Italia el absolutismo secular y el poder del Estado, Vitoria y sus seguidores revivieron la idea de que la ley natural es moralmente superior al mero ejercicio del poder estatal.[498]

Si el poder estatal no tiene freno se abre la puerta a la tiranía. Porque si la sociedad colectivamente, y sobre los individuos aislados que la componen, puede ejecutar, y ejecuta de hecho, cualquier tipo de decreto; y si ella dicta decretos imperfectos, o si los dicta a propósito de cosas en que no se debería mezclar, puede ejercer entonces una tiranía social que puede llegar a ser de gran envergadura.

No cabe duda que también Hayek, a pesar de su agnosticismo, intuyó esa preponderancia de la ley natural y la necesidad de una instancia superior que coordinara y ordenara la actuación de todos, incluidos –especialmente- los gobernantes. Inglaterra fue capaz de iniciar el moderno desarrollo de la libertad porque retuvo más que otros países la idea común medieval de la supremacía de la ley destruida en todas partes por el auge del absolutismo.[499] Era -creo yo- consciente también de que se había  vivido a lo largo de todo el siglo XX -y se sigue viviendo aún más ahora en el siglo XXI con el fundamentalismo islámico excluyente que se dice llamar religioso-  un mundo en el que las identidades nacionales importaban más que las pautas de conducta y en el que éstas se consideraban moldeables mediante control gubernamental. Por eso, la importancia de la influencia doctrinal de la Escuela de Salamanca está suficientemente validada desde los inicios del siglo XX. De hecho, después de la Primera Guerra Mundial hubo ya un especial interés por cimentar el derecho internacional en una base de principios universales sobre la paz y los conflictos donde se  redescubrió el papel fundacional de Francisco de Vitoria en ese ámbito del derecho que en este inicio del siglo XXI tanta importancia está teniendo de nuevo.

También era consciente Hayek de que en la órbita occidental la ruptura de esa veneración generalizada hacia los principios de recta conducta había traído y seguiría trayendo consecuencias muy desoladoras -fruto del absolutismo- para el orden social en la que llamaba la Gran sociedad debido a la falta de limitación del poder estatal y de sus gobernantes: El nuevo poder del Estado nacional altamente organizado, que surgió en los siglos XV y XVI, utilizó la legislación por primera vez como instrumento de política deliberada. Por un momento pareció como si este nuevo poder conduciría, tanto en Inglaterra como en el continente, a la monarquía absoluta, que había de destruir las libertades medievales. El concepto de gobierno limitado que surgió de la lucha inglesa del siglo XVII fue de esta forma un nuevo punto de partida para afrontar nuevos problemas. Si la primitiva doctrina inglesa y los grandes documentos medievales, desde la Carta Magna, la gran Constitutio Libertatis,  hasta nuestros días[500], tienen significación en el desarrollo moderno, es porque sirvieron como armas en tal lucha.[501]

 

Y también: En Inglaterra, después de la completa victoria del Parlamento, fue cayendo en el olvido la idea de que ningún poder debe ser arbitrario y de que todos los poderes tienen que estar limitados por una ley superior. Sin embargo, los colonos habían importado tales ideas con ellos y, por tanto, se revolvieron contra el Parlamento, objetando no sólo que no estaban representados en dicho Parlamento, sino más aún: que éste no reconocía límite a sus poderes. Con esta aplicación del principio de la limitación legal del poder mediante principios superiores al Parlamento mismo, pasó a los americanos la iniciativa de un ulterior desarrollo del ideal de gobierno libre.[502] O así mismo: Los ingleses no llegan a captar la esencia de una Constitución que limita y controla el comportamiento del órgano legislativo. Es ésta una aportación a la ciencia política que correspondió hacer al pueblo americano[503].

Se daba cuenta de las consecuencias de negar la existencia de aquellas normas de justa conducta que no habían sido diseñadas por ninguna autoridad humana. Porque si negaba aquellas, la justicia era una justicia meramente humana que se eclipsaba en sí misma y, por lo tanto, podía ser mudada según intereses partidistas: No cabe, pues, sorprenderse ahora de que, convencidas de que la justicia ampara a cuanto en su seno se acuerde, las actuales asambleas legislativas hayan llegado a dejar de preguntarse si, en cada caso concreto, se ajustan  o no sus decisiones a ella.[504] Porque entonces unos pocos tenderían a dictaminar sobre todo: Representa la transición de un sistema de gobierno en el que por preestablecidos procedimientos se acuerda la mecánica según la cual deban quedar resueltas determinadas cuestiones que a todos afectan a otro en el cual, por la vía de declararlos de interés general, determinado grupo de personas está en situación de imponer sobre sus semejantes sus particulares criterios sobre el modo de resolver cuantas materias puedan juzgar oportunas[505].

Lo que se plantea Hayek –atisbando con perspicacia hacia dónde derivaban los acontecimientos- es retomar –actualizándola- la doctrina de la división de poderes[506] que en sus inicios era ya una forma de limitar las actuaciones de unos u otros:

 

Teniendo en cuenta que las asambleas representativas que denominamos “legislaturas” se ocupan fundamentalmente de las tareas relativas a la función de gobierno, es evidente que tal realidad no sólo ha determinado fundamentalmente los aspectos internos de las mismas, sino que también ha llegado a afectar decisivamente hasta la propia estructura mental de quienes las integran. Hoy en día se afirma que el principio de la separación de poderes está sufriendo menoscabo a manos de la creciente asunción de los poderes legislativos por parte de la Administración pública. Lo cierto es que este principio fue abandonado hace tiempo en la medida en que los organismos denominados “legislaturas” fueron paulatinamente recabando para sí las funciones de gobierno (o, para hablar con más  precisión, a medida que la responsabilidad legislativa fue poco a poco entregada a  instituciones ya existentes cuya ocupación fundamental giraba en torno al control de las cuestiones de gobierno). La separación de poderes apunta a asegurar que todo coactivo acto del gobierno se halle siempre respaldado por alguna norma de justicia, a su vez refrendada por alguna institución que ninguna concomitancia tenga con los específicos fines cuyo logro circunstancialmente pretenda el gobierno. Si, en la actualidad, las gentes prefieren denominar también “ley” a aquellas decisiones que, adoptadas por la Cámara de Representantes, afectan únicamente a cuestiones de gobierno, conviene no olvidar que en modo alguno cabe equiparar tal tipo de “legislación” con aquella otra cuya existencia presupone el ideal de la división de poderes. Ceder a tal pretensión significaría meramente otorgar a la asamblea ciertos poderes ejecutivos, sin al propio tiempo imponerle la obligación de someterse a norma alguna de tipo general que ella misma sea incapaz de alterar[507].

Muchos otros autores –principalmente liberales- se dieron cuenta de la necesidad de limitar de una u otra forma el crecimiento desmesurado del Estado y de sus gobernantes al ser conscientes también de que las leyes de la economía –que no son distintas de las leyes de la actuación humana- acaban imponiéndose y desbaratando aquellos intentos tiránicos de conculcarlas:

 

Como los seres humanos no son ni omnipotentes ni omniscientes, descubren una y otra vez que sólo cuentan con un poder limitado para llevar a cabo todas las cosas que les gustaría hacer. Resumiendo: su poder está necesariamente limitado por las leyes naturales, pero no lo está su libre albedrío. O dicho de otro modo: es abiertamente absurdo definir la “libertad” de un ser como su poder de llevar a cabo un acto que es imposible por su propia naturaleza.[508]

O también: Es probable que el sistema de Derecho consuetudinario con aplicación privada del mismo no sea perfecto. Puede que un Estado ideal y limitado sea mejor, pero ningún Estado va a ser ideal, ni tampoco va a poder ser mantenido dentro de sus límites de forma permanente. En un espacio relativamente breve de tiempo, la ineficacia estatal será significativamente mayor que las posibles ineficiencias del mercado, que dicho Estado limitado pueda evitar. Y, una vez que crece el Estado, especialmente al nivel del que ahora somos testigos, es extremadamente difícil volver a reducirlo a su tamaño óptimo.[509]

Y así mismo: El gobierno responde a la necesidad de hacer posible la vida en común ordenándola y arbitrando los conflictos, facilitando y promoviendo el compromiso. Está, por ende, al servicio de la sociedad, siendo antinatural que la ponga al suyo, aunque sea para realizar la justicia, idea moral reguladora imposible de definir de manera concreta. Pues constituye en definitiva, como creía Platón, el resultado del ejercicio de las demás virtudes. Por eso tiene el liberalismo una concepción de la actividad política orientada a limitar el gobierno, mediante la libertad política, al ejercicio de funciones estrictamente políticas, indispensables para asegurar las libertades “naturales” o espontáneas de todos, tanto las personales como las sociales o civiles.[510]

Pero si muchos otros se percataron de ello, Hayek no se limitó a denunciar tal situación y tal peligro, sino que se puso manos a la obra y planteó un cierto retorno al renacimiento de la veneración por esos principios generales a los que también los gobernantes –en sus proyectos concretos a corto plazo[511]– debían someterse. La más alta instancia limitadora del poder, por lo tanto, implica algo de especie muy diferente a la simple decisión que alguien pueda adoptar en relación con determinadas materias concretas. Se trata de una específica convergencia de opinión entre quienes pueblan concreta zona territorial en cuanto a la justicia o injusticia de las normas[512]. O también: Representa el abandono de la idea según la cual procede limitar el poder gubernamental estrictamente a las específicas funciones que el establecimiento de un orden espontáneo exige por otra que niega que el poder público deba estar sometido a limitación alguna[513].

Aun siendo consciente de que no existe, a priori, esquema social alguno que subsiguientemente se otorgue a sí mismo leyes; son las normas comúnmente aceptadas las que, en el ámbito social, entrelazan entre sí a las dispersas agrupaciones de individuos[514], intentó   una construcción con ciertas dosis de utopía, pero que denota su preocupación por aquel abandono de los principios de nuestros moralistas del siglo XVI. La podemos denominar distinción hayekiana entre principios generales[515] y objetivos concretos[516] a corto plazo[517]. Plantea la separación de dos –o mejor dicho tres- tipos de asambleas  para reservar una de ellas a la reflexión y elaboración de los principios de recta conducta independiente de las banderías políticas partidistas y de las decisiones políticas concretas del corto plazo[518]: Presupone la existencia de un sistema de normas de justa conducta y únicamente pretende facilitar un mecanismo que garantice el colectivo respeto de las mismas.[519] Y también: Difiere también la labor constitucional de la legislativa en la circunstancia de que esta última debe ocuparse, por lo general, del dictado de normas de carácter más general de lo que corresponde a aquellas que integran la Constitución. Ocúpase fundamentalmente la Constitución de materias relativas a la organización del gobierno, así como a la especificación de los poderes que a las diversas agencias que lo integran deben corresponder[520]. O así mismo: Por otro lado, si los administradores responsables del empleo de una parte del acervo social se hallaran sometidos a leyes que no pudieran alterar, aunque sin duda  seguirían estando sometidos a la presión de las demandas políticas de quienes les apoyaran, no podrían, en el desarrollo de su labor, ir más allá de límites cuya violación pone en peligro la libertad individual.[521]

Las características de aquellos tres tipos de asamblea las resume Hayek en el siguiente párrafo: Conviene interrumpir en este punto el análisis de los temas que nos ocupan, puesto que, por el momento, hemos pretendido únicamente evidenciar que la ordenación legislativa difiere en igual medida de la constitucional que de la que tiene por objeto encuadrar la actividad gubernamental, por lo que sería igualmente imperdonable confundirla con una u otra de ellas. Síguese en todo ello que, para obviar el peligro de que llegue a producirse tal tipo de confusión, resulta conveniente que la comunidad disponga de un triple sistema representativo. Ocuparíase el primero de ellos de la labor de estructurar la semipermanente ordenación constitucional, actuando al efecto de manera muy espaciada y únicamente en aquellas ocasiones en las cuales se considere necesario recurrir a la reforma constitucional; dedicaríase el segundo al gradual perfeccionamiento de las normas de recta conducta; el tercero, finalmente, se dedicaría sólo a tratar las específicas materias relativas a la actividad gubernamental, es decir, a la administración de aquellos recursos cuya gestión se haya considerado conveniente confiar al gobierno[522].

Para preservar esa libertad individual y acercándose a rememorar aquellas normas universales de recto comportamiento –si bien a través del magisterio humano- explica respecto a las funciones de aquella asamblea legislativa que mira al futuro en el largo plazo: En el verdadero significado del término, la labor legislativa consiste siempre en el respeto a determinados principios y no en la mera adopción de decisiones concretas relativas a cómo procede actuar en algún específico supuesto. Debe propiciar la misma, siempre, el logro de resultados a largo plazo, orientando sus decisiones hacia un futuro cuyos concretos aspectos nadie conoce. Las resultantes leyes deberán contemplar su aplicación a gentes siempre desconocidas, a su vez motivadas por un conjunto de apetencias igualmente ignotas. El éxito de tal esfuerzo requerirá que a él se incorporen personas libres de preocupación por los acontecimientos concretos y de cualquier tipo de compromiso con alguna específica finalidad. Convendrá que sean, por el contrario, gentes capaces de dar a su misión enfoques que contemplen la bondad a largo plazo de un esquema de normas aplicables a toda la comunidad[523]. Y también: (…) quienes desarrollen la función legislativa deberán elaborar sólo normas de la apuntada especie, permaneciendo ajenos a todo poder relacionado con la adopción de medidas dirigidas al logro de cualquier objetivo concreto[524]. E incluso esboza las características personales que deben tener aquellos que ocuparían la más alta magistratura: Implica la primera de las apuntadas tareas una responsabilidad que no convendría encomendar a quienes principalmente dedican sus esfuerzos al quehacer partidista y cuyos planteamientos mentales dependen fundamentalmente de su preocupación por la reelección, sino a quienes se hayan hecho acreedores al respeto de sus coetáneos en el desarrollo de una actividad privada normal y cuya designación sea  consecuencia del hecho de que se les considere en mayor medida maduros, prudentes e imparciales, bases sobre las cuales precisamente se les requiere para que, de manera exclusiva, se dediquen a mejorar, a largo plazo, un esquema legal al que todo tipo de comportamiento, incluido el del propio gobierno, debe quedar sometido[525].

Y por último, para no extenderme más en ese intento agnóstico cuasiutópico de evolución legislativa adaptativa que de alguna forma atisba esa característica de la ley natural que -al ser universal y actuando desde la conciencia personal de las gentes en cada época- tiene en sí misma esa capacidad de adaptación espontánea a las diversas circunstancias: Aunque la verdadera labor legislativa esté siempre fundamentalmente ligada a los efectos a largo plazo -en mayor medida de lo que corresponde incluso a los planteamientos constitucionales-, difiere de estos últimos en el hecho de tratarse de un esfuerzo que en ningún momento cabe interrumpir. Se trata de una labor persistente encaminada al gradual perfeccionamiento del esquema legal y a su adaptación a las nuevas circunstancias, esfuerzo que adquiere especial significado en aquellos casos en los que el sistema judicial no logre mantenerse al día a causa de la rápida evolución de las opiniones o de los acontecimientos.[526]

Y evolución adaptativa en la legislación desde la ley natural podemos llamar a lo que se refiere Tomás de Mercado cuando nos dice que si los gobernadores velasen y se desvelasen considerando los nuevos sucesos, y variedades, que por momentos se recrecen y contemporizasen con ellas en sus ordenanzas (porque como dicen cuerdamente los filósofos, las leyes se han de acomodar al tiempo y disposición de la república, y a la condición de su gente) serían muy mejor guardadas las suyas. Mas según duermen, parece pretenden sean eternas (como divinas) no debiendo de ser sino muy temporales.[527]

 

 

 

2.-     Imposibilidad del control eficaz gubernamental en la sociedad plural.

 

Aquella sociedad plural que Hayek añoraba y que con más o menos perfección se hizo realidad en algunas naciones libres en momentos puntuales de la historia de la humanidad, se basaba en el genio de muchos hombres y no en el de un solo hombre; no se instituyó en una generación, sino durante un largo periodo de varios siglos y muchas generaciones de hombres. Pues…nunca ha existido un hombre poseedor de tan gran genio que nada se le escapara; ni los poderes convenidos de todos los hombres, viviendo en un determinado momento, podrían hacer todas las previsiones de futuro necesarias, sin la ayuda de la experiencia y la gran prueba del tiempo. [528] Ni la Roma republicana ni Atenas, las dos naciones libres del mundo antiguo, podrían, por lo tanto, servir de ejemplo a los racionalistas. [529]

 

Y para que aparezca con nitidez el contraste entre la sociedad plural del mundo libre y la racionalista que intenta controlar y planificar desde las cúspides del poder todo lo posible, pone de ejemplo a Esparta que el mismo Descartes citó ensalzando su sistema: En opinión de Descartes, fuente de la tradición racionalista, Esparta fue quien proporcionó el modelo, pues su grandeza “no se debió a la preeminencia de cada una de sus leyes en particular…sino a la circunstancia de que, emanadas todas ella de un único individuo, tendían a un fin único.” Y Esparta llegó a constituir el ideal de libertad tanto para Rousseau como para Robespierre y Saint Just y la mayoría de los actuales partidarios de la “democracia social” o totalitaria.[530]

 

Aquellos ejemplos puntuales de Atenas y de la Roma republicana los actualiza para las sociedades complejas de nuestros días y los expande hasta considerar la enorme potencia creadora y de invención práctica que la libre interacción humana mundial genera al  transmitir  información continuamente y en todas las direcciones: Nuestra civilización avanza en la medida en que logra hacer el mejor uso posible de la infinita variedad de capacidades individuales, circunstancia que al parecer singulariza a la especie humana y le otorga posibilidades no compartidas por ninguna otra especie animal.[531] Para poder hacer uso de la información dispersa entre los innumerables sujetos que se hallan distribuidos a lo largo y ancho del globo, es necesario dejar que las impersonales señales del mercado determinen cómo debe ser utilizada dicha información tanto en interés de cada individuo como en el de toda la colectividad[532].

 

Esa concatenación y simbiosis armónica de las capacidades individuales de millones de personas que autogeneran, reordenan y transmiten nueva información desde los distintos ámbitos de libertad es absolutamente imposible que pueda ser controlada desde las distintas instancias de poder. Y si se trata de controlar de forma agobiante desde los oligopolios gobernantes, el sistema se degrada y puede llegar a destruirse:

(…)

La concepción del mercado como proceso, con su énfasis en los aspectos se dispersión y subjetividad del conocimento humano y en la complejidad esencial de los fenómenos sociales, está en línea con la afirmación de que los políticos rara vez (si acaso) tienen el conocimiento suficiente para intervenir eficazmente en la economía. Además, muchas intervenciones (en particular las asociadas con la planificación central) tienen el efecto negativo demostrable de impedir que los precios relativos cumplan su función coordinadora. La concepción del mercado como proceso conduce, como mínimo, a adoptar una postura escéptica sobre la efectividad de las medidas de política económica y, en muchos casos, justifica el más rotundo pesimismo al respecto.[533]

Juan de Mariana captó en cierta medida ese proceso y esa imposibilidad de control de la información autogenerante que tiene su origen en la subjetividad de las personas que actúan al hilo de sus preferencias y de su libre responsabilidad, y en las que de una u otra forma siempre está más o menos presente la ley natural. Así, Mariana es muy escéptico acerca de la posibilidad de coordinar de forma centralizada debido a la subjetividad y dispersión de la información: Es loco el poder y mando … Roma esta lejos, el General no conoce las personas, ni los hechos, a lo menos, con todas las circunstancias que tienen, de que pende el acierto. Forzoso es se caiga en yerros muchos, y graves, y por ellos se disguste la gente, y menosprecie gobierno tan ciego … que gran desatino que el ciego quiera guiar al que ve[534]. Además, añade a continuación en el mismo epígrafe 97 que el tipo de gobierno tiene que cambiar conforme aumenta una comunidad en tamaño. De leyes concretas y despóticas se debe pasar a leyes políticas y generales[535].Y respecto a la dificultad de corregir errores cuando la dirección de una gran institución se limita a una sola persona nos dice: Yo tengo por cierto género de ventura acertar en la fundación de una congregación y comunidad; porque lo que al principio parece bueno, la experiencia suele mostrar que es dañoso para adelante y que es forzoso retirarse por una parte, y por otra muy dificultoso el hacerlo, por no decir imposible, mayormente cuando el gobierno se reduce de todo punto a una cabeza, como se hace en nuestra religión.[536] Porque, además, la elección centralizada carece de información y tiende a cometer errores: Este inconveniente tienen las elecciones que se hacen sin información, ó por la de uno, o por la de pocos.[537]

Si en aquellas sociedades de entonces menos pobladas, muchos menos complejas y menos abiertas ya se producía esa concatenación de la información diseminada[538] que quedaba truncada por las tendencias absolutistas de unos u otros, en la actualidad que vivió Hayek –hoy aún más- esos procesos coordinadores espontáneos desde la libertad responsable son tan vitales que en su mantenimiento y perfeccionamiento está la clave del proceso civilizador: Hoy en día, la mayoría de nuestros contemporáneos -entre quienes me temo procede incluir a muchos economistas- sigue sin advertir que ese alto nivel de especialización que la dispersión de la información requiere sólo puede darse si se hallan presentes esas señales de tipo impersonal que el mercado genera y en virtud de las cuales cada uno sabe lo que ha de hacer en orden a adaptar su conducta a determinadas realidades acerca de las cuales carece de directa información[539].

 

Pero ese proceso enriquecedor generalizado se puede truncar y degradar por el afán intervensionista desmedido que puede llegar a ser tiránico incluso en democracia rememorando aquel gobierno injusto con leyes injustas que no mira al bien común y que nuestros escolásticos criticaron con dureza. El gobierno tiránico, déspota o Leviatán, coartando la libertad de elección de tantos y tantos ciudadanos en sus actividades económicas, da lugar a un retroceso imponente sobre lo que podría haber sido si las reglas del buen hacer espontáneo en sus contratos y en sus relaciones económicas no estuviese gravemente constreñido por el agobio estatalista. El hecho de que, por circunstancias hoy al parecer meramente accidentales, sean más tarde dispares las posibilidades de éxito de los distintos miembros de una nutrida y amplia población, hállase íntimamente ligado a la naturaleza de ese proceso de descubrimiento que tan fundamental resulta al correcto funcionamiento del mercado. Si los poderes públicos, en algún momento, llegaran a equiparar plenamente las oportunidades de cuantos en la sociedad se hallan integrados, el orden de mercado habría perdido lo que constituye su impulso fundamental. A tal fin, por añadidura, el gobierno, lejos de limitarse a equiparar cuantas circunstancias sociales de él dependieran, veríase en la necesidad de manipular también cuantas otras pudieran condicionar el éxito personal de los diversos actores[540].

Aquella falta de confianza en la capacidad intrínseca de coordinación que tienen los mercados y las interacciones humanas que respetan los principios generales de la ley natural, acaba en inflación burocrática que trata de controlar cuanto pueda estar en su mano según los intereses de quien gobierna. Ese incremento de los aparatos de control burocrático -con ampliación también de lo legislado en muchos ámbitos- no es otra cosa que falta de confianza en la libertad personal y en la responsabilidad de las gentes que siempre lleva aparejada la libertad. La expansión burocrática no es otra cosa que falta de convicción en la existencia de esos criterios generales de comportamiento no diseñados por la razón humana. No es otra cosa, en definitiva, que falta de convicción en la potencia y en la fuerza económica de la libertad personal siempre creativa e innovadora. Es un intento de hacer realidad un imposible. El imposible de controlar el destino humano. Nunca ha sido -y nunca será- el ser humano dueño absoluto de su destino. Su capacidad mental avanza a lo largo de un proceso que a la humanidad lanza hacia lo desconocido e impredecible, situando al hombre así ante la posibilidad de alcanzar nuevas cotas de conocimiento[541]. Tal demostración de que algo más grande que los designios de los individuos podían surgir de los chapuceros esfuerzos de los seres humanos representó en cierto aspecto incluso un mayor desafío a todos los dogmas planificadores que la última teoría de la evolución biológica. Por primera vez se demostró la existencia de un orden evidente que no era resultado del plan de la inteligencia humana ni se adscribía a la invención de ninguna mente sobrenatural y eminente, sino que provenía de una tercera posibilidad: la evolución adaptativa.[542]

 

Hayek deriva muchas conclusiones de esa capacidad coordinadora de la información diseminada entre millones de personas y la aplica por ejemplo a otras instituciones[543], no cayendo en la disyuntiva radical entre el Estado y el resto: En una comunidad libre, el Estado constituye sólo una de las muchas organizaciones que pueblan el entorno social[544], aunque sea precisamente aquella que debe realizar la labor de facilitar un marco efectivo dentro del cual puedan ir surgiendo los diversos órdenes[545] autogenerantes[546]. También lo aplica a los procesos en el ámbito local[547] de gobierno: Por muy adecuada que tal metodología sea para el tratamiento de los procesos encaminados a resolver materias planteadas a nivel local -nivel en el cual cuantos en el mismo intervienen se hallan más o menos familiarizados con los detalles que afectan a los temas en cuestión-, en el ámbito de la Gran Sociedad la aplicación de los aludidos métodos forzosamente ha de producir resultados en extremo paradójicos, dado que el elevado número y la complejidad de los problemas que a tal nivel se suelen suscitar supera ampliamente la posibilidad de remediar la ignorancia que con relación a los mismos los ciudadanos tengan, por la vía de una más adecuada transmisión de la información existente, sea hacia el propio elector, sea hacia sus representantes políticos democráticamente elegidos.[548]

Lo que se nos viene a decir desde la doctrina de nuestros juristas y moralistas del siglo XVI –actualizada de forma laica a mi entender por Hayek- es que  el Estado está compuesto también por personas que se equivocan y que, además, se pueden corromper igualmente. Y que ello da lugar a que las repercusiones sean mayores porque mayores son las responsabilidades. Se nos viene a decir que muchas veces las notas disonantes y más estridentes provienen de la intervención desmesurada, homogénea y monopolizante del Estado que no deja que se despliegue aquel sentido universal y personal de la justicia que está latiendo en las conciencias de las gentes: Es necesario disponer de un vocablo que exprese que la voluntad de la mayoría sólo deberá ser impuesta sobre el resto de los ciudadanos si, dando testimonio de su buena fe, la mayoría se compromete a respetar en todo momento algún esquema de tipo general. Deberá el citado vocablo hacer referencia, por lo tanto, a un sistema de gobierno en el cual lo que respalde el poder no sea simplemente la fuerza, sino la probada convicción de la justicia de lo que la mayoría decreta. A este respecto conviene advertir que el término griego democracia deriva del vocablo “pueblo” (demos) y de uno de los dos que hubiera sido posible utilizar para hacer referencia al concepto “poder”.[549]

 

3.-     La ley natural y la coacción desde los colectivos y las mayorías idolatradas. Los límites de la democracia

Si hay algo que es patente a estas alturas de la reflexión en el presente trabajo es que los principios de la ley natural actúan siempre a través de la grandeza original de cada persona concreta y singular con todas sus irrepetibles circunstancias y desde su interioridad inabarcable. Así Soto:  (…) pues la humanidad, dice, no hila, ni tampoco los dedos o las manos, sino la mujer; ni la mano hiere propiamente por la injuria o paga la deuda por la justicia, sino el hombre, a no ser tal vez por semejanza o como instrumentos unidos.[550] Impresa la ley natural como sello en cada quien despliega su moralidad desde ese recinto personal siempre insustituible. Quiere ello decir que nuestros maestros de hace cuatro siglos confiaban en esa respuesta positiva y libre generalizada de los ciudadanos en todo el ámbito de su actuación personal      –también pública-, y  el bien común lo entendían como armónico esfuerzo moral convergente de muchos pocos que unipersonalmente se pronuncian en actos continuados de justicia conmutativa.

Ese enseñar y practicar que los resortes morales actúan desde el ámbito interior de la persona de carne y hueso[551] concuerda con aquella crítica reiterada de Hayek a los colectivismos, a las frías abstracciones y, en fin, a los cálculos con variables agregadas[552]. Contribuyó a que se llegara a este resultado la generalizada aceptación del infundado supuesto según el cual las gentes pueden actuar colectivamente. A modo de ingenua fábula fue adquiriendo popularidad la idea de que el “pueblo” es capaz de actuar[553]

Llama la atención sobre el peligro del colectivismo así como el de dotar de antropomorfismo a las abstracciones[554] y a los grupos. Se puede decir que las empresas, grupos, Estados, instituciones[555], colectivos, razas…etc. -en algún sentido bastante cierto-  no existen porque lo que existen son las personas originales[556] que en el nivel institucional pueden o no coordinarse. Y así, Hayek juzgaba el enfoque metodológico de Keynes basado en la utilización y en el idolatramiento de los agregados como la contribución o aportación más peligrosa de éste ya que estas variables agregadas enmascaran las variaciones de los precios relativos impidiendo que estos ejerzan su función informativa y coordinadora para los distintos agentes económicos.

Bhöm Barek también resaltaba la importancia de lo micro sobre lo macro ya que a fin de cuentas éste depende siempre de aquél: Debemos insistir en el análisis del microcosmos si realmente queremos comprender el macrocosmos de la economía desarrollada. Tal es el momento crucial alcanzado en toda época por todas las ciencias. Se empezó siempre interesándose por los fenómenos macroscópicos y excepcionales, apartando mientras tanto la mirada de la realidad microscópica y cotidiana. Pero luego llega un momento en el que se percibe con sorpresa que en los elementos más microscópicos y aparentemente más simples se reproducen de un modo aún más extraordinario las complejidades y los enigmas del macrocosmos, y se llega a la convicción de que la clave para comprender los fenómenos macroscópicos debe pasar por el estudio de la realidad microscópica. Los físicos partieron de los movimientos y las leyes de los grandes cuerpos celestes; hoy el objeto de sus estudios más afanosos es la teoría de las moléculas y los átomos, y de ningún otro sector de la ciencia natural se esperan revelaciones más importantes para la comprensión del universo que de los trabajos de la química sobre lo diminuto. En otro tiempo eran los organismos altamente desarrollados y complejos del mundo orgánico los que suscitaban el máximo interés. Hoy el interés se centra en los microorganismos más elementales: se estudia la estructura de las células y de las amebas, y por doquier se analizan los bacilos. Lo mismo ocurrirá -estoy convencido de ello- con la ciencia económica.[557]

Esta cuestión tenía también consecuencias en el ámbito de la aplicación de las leyes y así se nos dice que ya los romanos se habían dado cuenta de que el carácter abstracto de las leyes –su “positivismo”- puede hacer injusto el derecho aplicado rígidamente. Y como el objeto de las leyes no consiste en obligar a los ciudadanos, sino en orientar a jueces y abogados en caso de litigio, los juristas introdujeron el principio de la “aequitas”, conocido ya por los griegos como epieikeia, para adecuar el Derecho a usos, costumbres, hábitos, situaciones; en fin, a las circunstancias del caso concreto, estableciendo la proporción equilibrada –justa- entre el derecho legislado y la realidad práctica.[558]

 

Y si tenía consecuencias en el ámbito de jurídico, también las tenía en el ámbito político de la representatividad y de la libertad: El primer significado de “libertad” con el que debemos contrastar nuestro uso de dicho término es uno cuya precisión está generalmente reconocida. Se trata de lo que comúnmente se denomina “libertad política”, o sea la participación de los  hombres en la elección de su propio gobierno, en el proceso de la legislación y en el control de la administración. Dicha idea deriva de la aplicación de nuestro concepto a grupos de hombres tomados en conjunto a los que se otorga una especie de libertad colectiva. Sin embargo, en este específico sentido un pueblo libre no es necesariamente un pueblo de hombres libres; nadie necesita participar de dicha libertad colectiva para ser libre como individuo. Difícilmente puede sostenerse que los habitantes del distrito de Columbia o los extranjeros residentes en los Estados Unidos o las personas demasiado jóvenes para ejercer el derecho de voto no disfrutan de completa libertad personal porque no participan de la libertad política.[559]

Aquel dotar de personalidad propia a los colectivos y en concreto al colectivo del “pueblo”, unido a la toma de decisiones por las mayorías –decisiones que pueden ser cada vez sobre materias más amplias- conlleva una serie de peligros que Hayek quiso poner de manifiesto. Peligros que precisamente eran consecuencia de aquel olvidarse de la sumisión a la justicia -también por parte de los gobernantes y de los legisladores- de las normas de recto comportamiento[560] que los autores de la Escuela de Salamanca plantearon. Así, se nos dice: No es constitucional aquella democracia que no someta su comportamiento a la ley, ya que, en tal supuesto, la mayoría asume la soberanía de manera colectiva y no individual.[561] Y también: La idea de que la decisión de la mayoría sobre el modo de abordar determinadas materias concretas justifica suficientemente la justicia de las mismas da lugar a la aceptación de hoy generalizado supuesto según el cual la mayoría en ningún caso puede incurrir en arbitrariedad[562].

Hayek, por lo tanto, sin poner en entredicho el sistema democrático[563]de partidos[564] pero poniéndole límites para perfeccionarlo[565], en sintonía con aquella doctrina,  llama la atención sobre el hecho de que el “pueblo” que ejerce el poder por la mayoría no es muchas veces –mejor dicho nunca- el mismo pueblo sobre el que se ejerce. Si todo poder coercitivo debe contar con el respaldo de la mayoría, es lógico exigir que el mismo nunca llegue a sobrepasar aquellos límites sobre cuya conveniencia se haya logrado establecer consenso[566].

 

En ese antropomorfismo del colectivo, la “voluntad” del “pueblo” significa, en realidad, la voluntad de la “porción” más numerosa y activa del pueblo, de la mayoría, o de aquellos que consiguieron hacerse aceptar[567] como tal mayoría partidaria[568]. Si se idolatra el colectivo del “pueblo” y se idolatra a su vez la decisión de la mayoría –en aquella teórica división de poderes[569]– sobre cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos dejando que ese poder del partido  mayoritario[570] sea ilimitado, el “pueblo” puede desear oprimir[571] a una parte de sí mismo y contra él son tan útiles las precauciones como contra cualquier otro abuso del poder[572]. La doctrina escolástica sobre el tiranicidio recobra plena vigencia en nuestras democracias modernas. Si nuestros maestros juristas de hace cuatro siglos plantearon como prioritario el gobierno de cada uno por sí mismo, si no se ponen límites a las mayorías[573] se puede acabar en el gobierno de cada uno por los demás. Ninguna razón abunda en favor de que nadie -ni siquiera la mayoría- pueda someter a injerencia cuanto en el ámbito social acontece o se decide.[574] Un mundo en el que la mayoría pudiera impedir la aparición de todo lo que no fuera de su agrado sería un mundo estancado y, probablemente, un mundo decadente.[575]

 

O también, ya más claramente:

Distínguese la sociedad libre de la totalitaria en el hecho de que, mientras que en la primera tal tipo de control afecta únicamente al limitado número de recursos que se destinan a la satisfacción de finalidades de carácter meramente gubernamental, en la segunda dicho control abarca a cuantos recursos sociales existen, con lo que queda por lo tanto afectado también todo patrimonio privado. La limitación del poder, que tan esencial resulta a la sociedad libre, implica que ni siquiera la mayoría tenga absoluta jurisdicción sobre el conjunto de recursos destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas, así como que tanto el ciudadano como sus personales propiedades queden al margen de los dictados específicos de los gobernantes, aun en el supuesto de que éstos deban su nombramiento al propio órgano legislativo. Los gobernantes deberán permanecer, además, en todo momento, sometidos a idénticas normas de conducta que cualquier otro ciudadano[576].

 

Esa posible tiranía denunciada por nuestros autores del siglo XVI puede penetrar hoy en día mucho más a fondo en los detalles de la vida -debido a la expansión de los medios de comunicación- forzando la conciencia individual y pudiendo incluso llegar a oscurecer y deformar aquellos principios generales interiores de la ley natural. No basta, pues, con una simple protección teórica legal, se requiere, además, protección contra la tiranía de las opiniones y pasiones dominantes; contra la tendencia de la sociedad –endiosando la regla mayoritaria- a imponer como reglas de conducta sus ideas y costumbres a los que difieren de ellas[577]. Se puede caer en la tentación de obstruir el desarrollo e impedir, en lo posible, la formación de individualidades diferentes, moldeando, en fin, los caracteres con el troquel colectivo ideológico[578] de aquella mayoría.

Tampoco cabe, por otro lado, negar que no corresponde al ideal que el imperio de la ley propugna el hecho de que se denomine ley cuantas disposiciones pueda acordar determinado grupo de individuos, aun cuando el mismo represente a la mayoría de la población. Cabe vivir bajo el imperio de la ley o a merced de las normas establecidas por una mayoría que, además de legislar, gobierne. Ahora bien, el primero de estos supuestos sólo podrá prevalecer en la medida en que la mayoría, al decidir en torno a cualquier cuestión concreta, quede sometida a ciertas normas cuyo contenido no esté en su mano alterar habida cuenta de las circunstancias concurrentes.[579]

De la mano laica de Hayek vemos cómo cobran relieve en nuestras sociedades modernas democráticas aquella doctrina de la limitación del poder del Príncipe que es aplicable a la limitación del gobierno y de los poderes públicos al objeto de que no se desboque el mandato democrático de las mayorías coartando las libertades individuales fundamentales.

 

 

 

4.-     Libertad desde la ley natural versus coacción estatal. Impuestos.

 

Nada hay, por lo tanto, más ajeno a la verdad que esa convencional idea defendida por algunos historiadores según la cual el Estado representa el apogeo de la evolución cultural. Muy al contrario, en muchas ocasiones ha significado su punto final. A este respecto, conviene destacar que sin duda los historiadores de las primeras etapas de la humanidad debieron quedar impresionados por los numerosos monumentos y restos legados por quienes en su día ostentaron el poder político, sin que advirtieran que los verdaderos impulsores del orden extenso fueron quienes de hecho propiciaron la capacidad económica que permitió la erección de tales monumentos. Por razones obvias, el ciudadano común sólo pudo legar a la posteridad testimonios mucho más modestos y menos tangibles de su crucial aportación.[580]

Dicho todo lo anterior, si bien Hayek no ponía en tela de juicio el modelo democrático –téngase en cuenta que su teoría de la sincronía espontánea con elección cotidiana de millones de personas es una forma de democracia-,  sí que se daba cuenta de sus carencias y de sus desviaciones en el ámbito político  por lo que reflexionó sobre sus mejoras o sus límites y trató de dar pautas para su perfeccionamiento. No fue el único, aunque quizás nadie lo hizo con esa perspectiva humanista tan cercana a los autores de la Escuela de Salamanca. Así, las últimas décadas del siglo XX fueron  pródigas en el análisis del sistema democrático por numerosos autores que utilizaron herramientas del análisis económico: Los resultados que se obtienen, cuando los sistemas democráticos son analizados con las herramientas de la teoría económica, pueden parecer sorprendentes, por lo menos a primera vista. Es posible que la democracia, sin maquillajes ni afeites, ofrezca una imagen menos bella y atractiva que la que le atribuyen los románticos (¿o los demagogos?). El espejismo puede afectar fácilmente a quienes la conozcan poco y a quienes no hayan vivido de cerca las pesadillas de las dictaduras. El sistema democrático no puede presumir de aquello de lo que carece. Sobre el papel, no es el más eficiente ni el más barato, ni tampoco es inmune a las mixtificaciones o a la manipulación. Es, sencillamente, “el peor de los sistemas políticos si excluimos a todos los demás”.[581]

En este sentido, varias líneas de análisis se fueron abriendo paso en el estudio del sistema democrático desde el ámbito económico. El redescubrimiento de la nueva economía llevó a varias líneas de desarrollo entre las que cabe citar:  la nueva interpretación de la historia del capitalismo, el nuevo análisis de los derechos de propiedad, la nueva insistencia en el mercado como proceso, la economía de la política (la elección pública)[582], el análisis crítico de las regulaciones gubernamentales, la visión escéptica de los bienes públicos, la naturaleza y los efectos de las externalidades[583], la del control monetario de las fluctuaciones, la economía de la autoinversión en capital humano y el Estado limitado y el Estado mínimo. Sirva como uno de tantos y tantos ejemplos aquel análisis de Coase sobre las externalidades negativas de la actuación estatal: Debido a que una intervención estatal también tiene sus costes es posible que a la mayoría de las “externalidades” se les deba permitir existir si se quiere maximizar el valor de la producción. Esta conclusión se ve reforzada si suponemos que el gobierno no se corresponde con los ideales de Pigou, sino que, sencillamente es una autoridad pública corriente, sujeta a presiones y corrupta. El que haya presunción, cuando encontramos un “externalidad” (dañina) de que sea deseable una intervención gubernamental, depende de las condiciones de costes en la economía en cuestión. (…) La naturaleza ubicua de las “externalidades” sugiere que hay, “prima facie”, un caso en contra de la intervención; y los estudios sobre los efectos de la regulación que se han realizado en los últimos años en los Estados Unidos, desde la agricultura a zonificación, y que indican que generalmente las regulaciones han empeorado la situación, tienden a fortalecer esa opinión[584].

A la luz de todas las  consideraciones anteriores que se han hecho en este capítulo y que nos hablan de esa conveniencia –también desde el punto de vista estrictamente económico- de limitar de una u otra forma los excesos de la actuación estatal y  sin perder el hilo argumental, sino más bien como aplicación concreta e importante del mismo, nos enfrentamos a la tarea de criticar, en el mejor sentido constructivo del término, el papel del Estado en la economía en tanto que puede colaborar o entorpecer el despliegue dinámico enriquecedor de la interacción humana en el ámbito económico.

Y, siempre, a lo largo de la historia –aunque más claramente desde el siglo XX,  cuando los instrumentos de control actualizado de la Contabilidad Nacional y, por lo tanto, de los presupuesto de gastos e ingresos del Estado se fueron perfeccionando- la piedra de toque de la intervención estatal en la economía ha sido la presión fiscal que los ciudadanos en base a unas u otras justificaciones tenían que soportar. Aunque ha habido otras formas incluso más sibilinas de financiar[585] los abultados gastos estatales[586], los impuestos han sido la constante necesidad y obsesión en ocasiones de los gobernantes para poder financiar y llevar a cabo sus proyectos desde la órbita pública. Así, nos cuenta de nuevo Pigafetta, en tanto que narrador de lo acontecido en aquella primera vuelta al mundo: El rey le dio la bienvenida, pero (le advertía) que su costumbre era la de hacer pagar un impuesto a todas las naves que entraban en su puerto; hacía sólo cuatro días que había hecho lo mismo con un junco procedente de Ciama (Siam) cargado de oro y de esclavos; y le señaló con gestos a un mercader de Ciama que se había quedado allí para comerciar con oro y esclavos[587].

Esa tendencia ancestral a la recaudación de impuestos se tornó aún más sofisticada en el siglo XX que vivió Hayek. También en los países de la llamada órbita occidental de economía mixta. En ellos se produjo un  incremento desproporcionado que parecía irrefrenable, de los presupuestos generales de ingresos y gastos del Estado en la práctica totalidad de los países. Hayek no podía dejar de manifestarse, y lo hizo ampliamente criticando muchos aspectos pero haciendo sobre todo hincapié –junto con aquellas teorías keynesianas del teórico efecto incentivador del gasto público y del déficit en las cuentas públicas- en aquel desbocarse de la mal llamada justicia social distributiva que se concretaba en aquellas dos palabras ambiguas que fueron acogidas con gran éxito en la opinión y que acababan justificando cualquier tipo de intervención estatal[588]: el Estado[589] del Bienestar[590]. La posición de Hayek –en sintonía, como veremos rápidamente, con las apreciaciones de Santo Tomás retomadas por la Escuela de Salamanca- era proporcionada y técnicamente impecable. La podemos resumir en los dos  siguientes párrafos: La teoría de la Hacienda Pública, en sus intentos de establecer una racionalización de la mecánica tributaria, toma en cuenta todo un conjunto de circunstancias excepto aquélla que, en una democracia, parece debiera ser la más fundamental: que el proceso conduzca a una limitación racional del volumen gastado[591]. Se olvida así lo que debería tenerse muy en cuenta: que es necesario que el proceso recaudatorio actúe en todo momento como freno del gasto total.[592]

A lo anterior añadía aquel conocimiento profundo de los incentivos humanos contra los que difícilmente se puede legislar porque los efectos concatenados consecuencia de errores en lo decretado acaban produciendo efectos perversos y no queridos. Así nos dice: Es imposible esperar otro resultado de un sistema que establece previamente cuáles son las “necesidades” y pone la responsabilidad de la posterior distribución del correspondiente esfuerzo fiscal en manos de gentes en cuyas mentes prepondera la idea de que serán otros quienes los soporten[593].

 

Entiendo que para Hayek, la grandeza de un Estado está en saber estimular a sus ciudadanos hacia la consecución, por ellos mismos, de mayores índices de humanidad en el aprovechamiento de sus recursos materiales y no en el obsesivo control y crecimiento cuantitativo -de puertas adentro- de sus propiedades, privilegios y poderes. Su razón de ser es el servicio a los fines de los ciudadanos y  por lo tanto no se debe confundir -como ocurre habitualmente desde distintos ámbitos de los tópicos socialistas tantas veces demostrados equivocados- incremento de magnitud estatal con eficacia y con incremento de bienestar social. Su potestad es una potestad delegada y el protagonismo debe corresponder a la vitalidad y libertad de los ciudadanos de a pie. La finalidad y dignidad hayekiana de la acción estatal no está en un incremento cuantitativo de su propio poderío económico representado por la parte del PIB que controla, o por los abultados presupuestos, o por el creciente número de funcionarios, sino que radica fundamentalmente en saber potenciar y canalizar -nunca suplantar- con sus acciones[594] las actuaciones libres y responsables de los agentes económicos de todo el sistema social[595]. Para Hayek los procesos innovadores de creación jurídica son inseparables de los análisis econó­micos. La historia  del crecimiento económico tiene mucho que ver con la historia del derecho, en tanto en cuanto tecnología en la organización de las relaciones humanas, económicas y so­ciales. Y en todo ese ámbito la ley natural está siempre presente.

Bien se puede decir entonces que el interés privado y el interés público no son contrapuestos sino que  van siempre  unidos e interconexionados. En la realidad socioeconómica el interés público pasa por el interés priva­do y el interés privado sólo se alcanza plenamente si se orienta al interés general que no es otro que  el bien común clásico que en este trabajo se nos presenta como un continuo ritornello. La función específica del poder público consiste en crear las condiciones generales de la viabilidad social y económica mientras que los ciudadanos y los grupos privados son los responsables de crear las condiciones particulares de viabilidad socio-económica. Confundir estas ideas básicas lleva al Estado a intervenir en áreas que son campo de acción propio de la iniciativa privada descuidando las más especificas suyas[596]. Las instituciones privadas, por su parte, tienden a su vez a desvirtuar sus funciones cuando buscan objetivos específicamente políticos. En Hayek también se puede destacar la impor­tancia de la función legislativa inteligente y proporcionada en la actividad estatal que se debe  encaminar a crear el marco jurídico[597] necesario para que el sistema pluralista de libertad, propiedad privada y economía de libre mercado funcione. El sistema de libertad económica no aparece necesariamente dejando que las cosas sigan su curso sino sólo haciendo un esfuerzo consciente y, por tanto, libre, para crear el ambiente verdaderamente artificial, humano  y necesario para que funcione adecuadamente. Era plenamente consciente –y quizás por eso acabó derivando hacia el ámbito del Derecho- que  Economía y Derecho están altamente interrelacionados y que el buen funcionamiento de los mercados quizás es una cuestión más jurídica y ética que estrictamente económica.

Ese sentido hayekiano de la proporción y el equilibrio en la imposición tratando de evitar aquel peligro del endiosamiento malo de los gobernantes a los que se necesita poner límites a sus actuaciones está presente en nuestros juristas y moralistas de hace cuatro siglos y está fundamentado –actualizándolos a su tiempo- en los criterios de Tomás de Aquino a este respecto. En ellos el servicio al bien común ocupa un lugar central. Un resumen magistral de estos criterios se encuentran en el discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de José Luis Pérez de Ayala:

Siguiendo al más minucioso comentarista (R. Pomini)[598] de la teoría de  Santo Tomás, en el punto que nos ocupa, el Impuesto se justifica por su fin (causa final en cuanto debe establecerse  para común utilidad de los ciudadanos, o sea  para  hacer  frente a aquellas actividades públicas (a aquellos gastos públicos) que sirven y se ordenan al bien común. La ley y el impuesto, deben establecerse para común utilidad de los ciudadanos, no para fomentar el interés privilegiado de unos pocos. Advirtiéndose por Santo Tomás,[599] al  respecto, que si “los príncipes exigen de los súbditos lo que según justicia (se refiere a la justicia legal) se les debe para conservar el bien común, aunque empleen la violencia no es rapiña. Pero si los príncipes toman injustamente  algo por la violencia, es rapiña, lo mismo que el latrocinio”. Y se ha recordado, así, (Schmölders) que no sólo en este pasaje de la Summa Teológica, sino en otro escrito ( la carta De regimine Judeorum  a la Duquesa de Brabante) insiste en  que el Impuesto, como institución justa, y por tanto jurídica, sólo se fundamenta por su causa final, en la medida en que su percepción y ulterior empleo estén, cualitativa y cuantitativamente ceñidos a lo necesario y exigido por el Bien común ( y no lo están cuando se exige y destina, lo recaudado, para hacer frente a gastos excesivos motivados por la pasión del gobernante).

   

Permítasenos, en este punto,  volver sobre el siguiente párrafo de Montesquieu “Del espíritu de las leyes”. Dice así literalmente:

 

“Lo que no se puede hacer es quitar al pueblo lo que tiene para atender las necesidades hipotéticas del Estado. Las necesidades hipotéticas son las que exigen las pasiones y las debilidades de los que gobiernan: la ilusión de un proyecto extraordinario, la pasión enfermiza de una vanagloria y una cierta impotencia del alma contra las fantasías…”.

  

 Y concluye con la siguiente frase:

“Las rentas del  Estado no deben medirse por lo que el pueblo pueda dar sino por lo que deba dar…”.

 

No puede evitarse la asociación –más aún la evidente coincidencia- de estas frases de Montesquieu con la idea de la causa final del Impuesto en Santo Tomás de Aquino. Uno, y otro, se están refiriendo a la misma cosa, la justificación, y también la limitación que encuentran los impuestos,  por su fin, y sólo en la medida en que son necesarios para  financiar actividades públicas relacionadas con el bien de la sociedad con la general utilidad de los ciudadanos, y no cualesquiera clase, diríamos hoy, de gastos públicos.

 

(…)    Pero la coincidencia de pensamiento de ambos autores no acaba aquí, puesto que también afecta a las que, en la doctrina tomista, se  llaman “causa formal” y causa material de la Imposición.

 

Santo Tomás se refiere a la medida del Impuesto, como un aspecto de  justicia distributiva. De ahí que las cargas (tributarias)  exigidas por el bien común deben, por razón de la forma (o causa formal), exigirse a los súbditos con igualdad y proporcionalidad: de modo que cada súbdito sea llamado a participar en los gastos públicos según su capacidad. Aquí reside, pues, la forma justa, o causa formal, del impuesto justo,  según el Aquinate, (ampliadas, luego, por F. Suárez).[600]