El Estado del bienestar desorbitado como causa de crisis

El Estado del bienestar desorbitado como causa de crisis

 

 

La generalización del espíritu pedigüeño de empresas y particulares que se produjo ya entonces en el interior de nuestro cortijo nacional, también en el exterior europeo, y la búsqueda continuada del Estado Protector y del Estado de Bienestar para todos por decreto y por el mero hecho de estar,  junto con el afán interesado para convertirse en la mayor organización de caridad nacional con el dinero público recaudado coactivamente, fueron quizás las causas más profundas de la   postración y desconsuelo de la situación económica que se padeció. Esta viva polémica que se vuelve a extender de forma más acuciante todavía por toda la geografía española de manera creciente, y que enfrenta moderadamente a los sectores activos con los pasivos, representa el mayor problema socioeconómico que tiene planteado España de cara al futuro.

Recuerda todo ello las discusiones de finales del siglo XVIII y principios del XIX en Inglaterra sobre las Leyes de Pobres. Las consecuencias sobre la buena marcha de las finanzas públicas y de la salud económica del conjunto de la sociedad debieron ser importantes porque los grandes economistas clásicos de la época, nada menos que Adam Smith, David Ricardo o Malthus entre otros, trataron con profundidad de ellas.

El problema iba unido también a lo que pomposamente llaman hoy los expertos flexibilidad laboral y movilidad funcional y espacial del factor trabajo. Los privilegios exclusivos de las corporaciones y gremios dificultaban los movimientos de un lugar a otro, incluso dentro del mismo sector y empleo. El Estatuto de Aprendizaje restringía la libre circulación de trabajadores, aunque en la mayor parte de las manufacturas -aun siendo de ramas diferentes- las operaciones que debían realizarse presentaban una analogía tal que los obreros no tendrían especiales problemas en cambiar de oficio si esas leyes absurdas no se lo impidieran. Cuenta Adam Smith[9] en La Riqueza de las naciones que, donde se hallaba en vigor el Estatuto, a muchos obreros no les quedaba otro recurso que solicitar asistencia benéfica de la parroquia, y la Reina Isabel decretó que toda parroquia estuviese obligada a socorrer a sus pobres. Los Estatutos 13 y 14 de Carlos II dispusieron que quien residiese cuarenta días seguidos en una parroquia, podía ganar vecindad en ella. La picaresca se extendió como la pólvora por todo el reino puesto que la cuestión de los certificados equivalía a poner en manos de determinadas personas la facultad de mantener a muchos enganchados a la menguante pero necesaria caridad estatal.

Mal debían ir las cosas cuando Smith recoge una cita de la Historia de las Leyes de Pobres donde dice que después de una experiencia de cuatrocientos años, había llegado el momento de abandonar la idea de sujetar a una regulación estricta lo que no se presta a una limitación prolija; porque si todas las personas del mismo oficio fueran a recibir iguales salarios, se acabaría la emulación y no habría margen alguno para la laboriosidad y el ingenio. Más claro y contundente fue un premarxista en la teoría del valor-trabajo como David Ricardo que nos dejaba dicho en  sus Principios de Economía Política y Tributación[10] (1817) que a pesar de la buena intención de estas leyes para mejorar la condición de los desvalidos, la consecuencia directa y concreta era que empeoraban tanto al rico como al pobre. Esas leyes están calculadas para empobrecer al rico y no para enriquecer al pobre y los fondos destinados al sostenimiento de los pobres irá aumentando progresivamente hasta que hayan absorbido todas las rentas netas del país, o al menos la parte de ellas que el Estado nos deje, después de satisfechas sus constantes demandas de contribuciones para los gastos públicos.

 

Otra rémora del Estado de Bienestar difícilmente cuantificable, pero de indudable importancia en las sociedades democráticas, por el temor  reverencial hacia los gobernantes, es la anestesia del espíritu crítico hacia esas personas o instituciones que ostentan el poder. En su primera acepción del Diccionario aparece la “crítica” como “arte de juzgar de la bondad, verdad y belleza de las cosas”.  Si falla ese espíritu crítico se deteriora ese arte de juzgar las actuaciones de los gerentes de lo público. Ante ese cierto miedo conservador hacia quienes gobiernan, las preferencias que se manifiestan mediante votación en las elecciones quedan seriamente distorsionadas. Las ventajas del poder son enormes entonces y resulta difícil cambiar la inercia de los segmentos mas pasivos de la ciudadanía. El conformismo y abandono del espíritu crítico conllevan la falta de innovación y espíritu creativo en la sociedad que son, según la teoría del desenvolvimiento económico shumpeteriano, las fuerzas básicas del crecimiento y desarrollo económico en cualquier región, país o espacio económico supranacional.

Desde el punto de vista meramente técnico e histórico el “Estado de Bienestar” o “Estado Protector” aparece en la década de los sesenta, como superación y consecuencia de la realización, en la década de los cincuenta, del pleno empleo. Una vez logrado este, la meta de una mayor justicia y un mayor bienestar social, como objetivo a lograr por los poderes públicos, se reflejó en los presupuestos de gastos sociales de los diversos Estados. En vez de preocuparse por el incremento del pastel productivo se puso especial ímpetu en la redistribución. No se cayó en la cuenta de que la producción y la distribución siempre van unidas y no se pueden divorciar. Se dejó aparcada la actitud de los Clásicos de lucha o dominio de la natualeza y de aproximarse e incrementar la curva de posibilidades de producción. El Estado del bienestar es un estado en que el poder se organiza para ser deliberadamente usado, a través de la política y la Administración, con el empeño de modificar el juego de la economía de mercado.

Una de las vías que explican la crisis de ese Estado ya fué prevista por Schumpter al indicar que, desde el momento que el Estado adopta una posición intervencionista en la sociedad y en la economía, asumiendo funciones crecientes que exigen también gastos crecientes, los impuestos no bastan para proporcionar los ingresos que el Estado precisa, siendo inevitable la crisis del Estado fiscal (definido como el Estado que se financia, por sistema, con impuestos, y sólo muy excepcionalmente con Deuda Pública). Otra vía de crisis sobreviene cuando las circunstancias económicas no son propicias para que el Estado obtenga los ingresos que necesita, no solo por el impuesto, sino también a través de la Deuda. La mayoría de los analistas del fenómeno de la “estanflación” lo consideran causado en parte por programas de socialización de bienes de servicio colectivo. Esta crisis de estancamiento con inflación se hizo notar en la economía mundial en la década de los 70 y actualmente todavía en países socializantes. Las oportunidades que se pierden, en otros usos, por los resursos que el sector público desvía a sus propios fines, representan un coste que paga el sector privado. En esta crisis del Estado de Bienestar se acude, además de a los impuestos “convencionales” o formales, a impuestos que podemos calificar de “informales” en cuanto que no se presentan con la forma típica de ninguna de las técnicas impositivas. Entre estos impuestos informales cabe citar: la inflación, las sanciones pecunarias, los monopolios fiscales, la requisa de bienes, la colocación forzosa “directa” de la Deuda Pública, la emisión de Deuda en condiciones técnicas y económicas que determinan el llamado “efecto expulsión”, … etc.

Resumiendo: que a pesar de los problemas técnicos y financieros que trae consigo la extensión indiscriminada del Estado de Bienestar hay que tener en cuenta el drenaje de la confianza y del espíritu crítico que se extiende por todo el tejido económico y social. Este tipo de inercias son mas difíciles de cambiar que los presupuestos técnicos. Urge sustituir el malestar creado por el “Estado del Bienestar” por lo que muchos llamamos “Sociedad del Bienestar”.