EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA LIBRE

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA LIBRE

 

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA LIBRE

A la luz de las consideraciones señaladas en anteriores trabajos sobre los efectos económicos de la libertad y sin perder el hilo argumental, sino más bien como aplicación concreta e importante del mismo, nos enfrentamos a la difícil tarea de criticar, en el mejor sentido constructivo del término, el papel del Estado en la economía como fuerza complementaria general de la riqueza. El incremento, que parece irrefrenable, de los presupuestos generales de ingresos y gastos del Estado de la práctica totalidad de los países es un motivo añadido para enmarcar y analizar su actuación con respecto a su influencia sobre la acumulación de riqueza en la sociedad.

En las reflexiones en voz alta que se exponen a continuación quiero huir de la disyuntiva radical tan extendida entre los forofos del intervencionismo estatal a ultranza y los partidarios de su no intervención o del protagonismo mínimo o nulo de la acción pública. Quisiera sobrevolar la antinomia intervencionismo – no intervencionismo, nacionalización-privatización, acción pública-acción privada tan ampliamente tratadas en la literatura económica. Estas dicotomías drásticas y un tanto cerriles eliminan el debate sosegado y llevan a enfrentamientos ideológicos de suma cero en donde el orgullo del triunfo de las premisas de uno es siempre a costa de ridiculizar las posturas previas a todo razonamiento del otro. Por principio nadie se apea del burro y todos terminan perdiendo más de lo que harían en otras circunstancias y con otras actitudes.

Mi punto de partida es el de que el Estado debe existir dada la naturaleza social del hombre y que por lo tanto se precisa un cierto grado de consenso y unas pocas reglas que orienten la convivencia y permitan, mediante el respeto a esas normas, alcanzar un cierto grado de compatibilidad y conjunción entre los intereses variadísimos de unos y otros. Pero, dicho esto, también quiero explicar que lo que me preocupa no es exactamente la intervención, que también, sino el modo de intervención que tantas veces se ha ensayado. Considero más importante la dirección general de la actuación estatal en la economía y los medios que se utilizan para conseguir un mayor desarrollo por parte de los ciudadanos a los que representa y debe servir en el horizonte futuro.

La finalidad y dignidad de la acción estatal no está en un incremento cuantitativo de su propio poderío económico representado por la parte del PIB que controla, o por los abultados presupuestos, o por el creciente número de funcionarios, sino que radica fundamentalmente en saber potenciar y canalizar -nunca suplantar- con sus acciones, las actuaciones libres y responsables de los agentes económicos de todo el sistema social. Es de esta forma más anónima y escondida, con eficacia pero sin protagonismo vanidoso, como conseguirá incrementar sustancialmente el valor económico a disposición de todos los individuos de la sociedad a los que debe representar.

La grandeza de un Estado está en saber estimular a sus ciudadanos hacia la consecución, por ellos mismos, de mayores índices de humanidad en el aprovechamiento de sus recursos materiales y no en el obsesivo control y crecimiento cuantitativo, de puertas adentro, de sus propiedades, privilegios y poderes. Su razón de ser es el servicio a los fines de los ciudadanos. No se puede confundir, como ocurre habitualmente, incremento de magnitud estatal con eficacia y con incremento de bienestar social. Su potestad es una potestad delegada y el protagonismo debe corresponder a la vitalidad y libertad de los ciudadanos de a pie. Mejoraremos así todos y los poderes públicos tendrán su adecuada e íntima satisfacción personal de hacer lo que debía hacerse sin delirios de grandeza ya trasnochados.

El Estado, literalmente considerado, es un ente de razón. Difícilmente se puede afirmar con propiedad la frase “el Estado soy yo”. Cuando una parte de los ingresos de los individuos, una parte de sus propiedades, se asigna  al dominio del Estado, por mediación del pago de impuestos, la tarea económica personal de sacar el máximo partido a sus propiedades se transmite al Estado a través de esa porción de mi propiedad que pasa a ser administrada de forma delegada por la burocracia estatal. El Estado está obligado a sacar, a su vez, el máximo partido, en términos de valor, a dichas asignaciones. Su riqueza vendrá, por lo tanto, derivada de su capacidad de servicio a la riqueza de sus representados.

Si una de las finalidades de la función coordina­dora estatal es incrementar la riqueza de sus ciuda­danos, su actividad tiene que dirigirse hacia la promoción de las fuerzas que lo aumentan. Si la libertad, propiedad, intercambio, especiali­za­ción, competencia, capacidad de servicio y espíritu  empresa­rial trabajador se admite  que son las fuentes de las que se alimenta el valor económico,  hacia su defensa e implantación en la sociedad, eliminando los obstáculos que se le opongan, deben dirigirse las actuaciones.

La tarea estatal no está en la directa intervención económica sino que  está en otro orden de cosas. Douglas North explica cómo las antiguas provincias españolas en los Países Bajos fueron la primera nación europea que se dotó de un sistema de instituciones y de derechos de propiedad que permitían explotar eficazmente las motivaciones individuales, canali­zando capitales  y energías hacia lo más útil. Los fenómenos de creación jurídica son inseparables de los análisis econó­micos. La historia  del crecimiento económico tiene mucho que ver con la historia del derecho, en tanto en cuanto que tecnología en la organización de las relaciones humanas, económicas y so­ciales. Así los Países Bajos fueron el primer país de Europa que rompe el muro de los “ciclos malthusianos”, no sólo como resultado de una transformación tecnológica, sino por la elevación drástica de la productividad en su sector comercial, fruto de un sistema de libertad  y  de derechos de propiedad que favorece mejor que en cualquier otro sitio el rápido ajuste en los mercados de factores y productos.

El interés privado y el interés público no son contrapuestos sino que  van unidos e inter-conexionados. En la realidad socioeconómica el interés público pasa por el interés priva­do y el interés privado sólo se alcanza plenamente si se orienta, mediante la serviciabilidad, al interés general, al bien común clásico. La función específica del poder público consiste en crear las condiciones generales de la viabilidad social y económica. Los grupos privados son los responsables de crear las condiciones particulares de viabilidad socio-económica. Confundir estas ideas básicas lleva al Estado a intervenir en áreas que son campo de acción propio de la iniciativa privada, descuidando las más específicas suyas. Las instituciones privadas, por su parte, tienden a su vez a desvirtuar sus funciones buscando objetivos específicamente políticos.

Nuestra posición se puede concentrar en tres pro­posiciones generales: 1) no actuar en el ámbito económico allí donde otras instituciones no públicas, más cercanas al conocimien­to de los individuos y con estructuras más competitivas, pueden hacerlo con mayor eficacia. 2) actuar en la dirección de defensa e implantación del marco jurídico adecuado para conseguir el máximo despliegue de esas fuentes del valor en todo el ámbito socioeconómico. Y 3) allí donde debe actuar, hacerlo con la máxima eficacia, es decir, consiguiendo la máxima diferencia entre el valor creado y el valor destruido para crear el máximo beneficio con la mínima pérdida en términos de recursos utilizados.

Cabe un cierto paralelismo de criterio con lo expuesto por Samuels en The Classical Theory of Economic Policy[133] y de Robbins en su Teoría de política económica[134] quienes destacan especialmente la impor­tancia de la función legislativa en la actividad estatal, puesto que se encamina a crear el marco jurídico necesario para que el sistema pluralista de libertad y propiedad privada funcione. El sistema de libertad económica no aparece necesariamente dejando que las cosas sigan su curso sino sólo haciendo un esfuerzo consciente –y  por tanto libre- para crear el ambiente verdaderamente artificial, humano  y necesario para que funcione adecuadamente. Economía y Derecho están altamente interrelacionados y el buen funcionamiento de los mercados quizás es una cuestión más jurídica y ética que estrictamente económica.

La cuestión primordial no es la de no intervenir, como se puede invocar desde corrientes ideológicas con matices anárquicos, sino de intervenir sin aspavientos y cada vez con mayor eficacia en determinados aspectos considerados muchas veces fuera del entorno económico, pero que en realidad tienen una fuerte influencia sobre la creación de valores económicos. Léase por ejemplo la ética, la ejemplaridad, la lealtad, la laboriosidad, la diligencia, el generar confianza, la justicia. Hay un importante campo de actuación en la dirección de la defensa e implantación del marco jurídico adecuado para conseguir el máximo despliegue de las fuentes del valor en todo el entorno socioeconómico.

En la contribución del Estado a la generación de riqueza social, humana y económica hay por lo tanto  dos estilos y talantes muy diferentes. Uno es aquél en que los poderes públicos se auto atribuyen todos los éxitos y logros de la ciudadanía multiplicando su presencia en todos los corrillos del ecosistema cultural, económico y social. No hay nada que se haga en algún barrio urbano y en algún escondrijo rural que no sea debido a la decisión de un alcalde, la perspectiva política de un consejero autonómico o la omnipresente mirada promotora del Gobierno Central. Hasta las más nimias acciones o los más intrascendentes trabajos y descansos hay que incorporarlos al balance positivo de los mandatarios de turno.

Un talante completamente distinto es el que consiste en dar protagonismo a la riqueza potencial de la sociedad civil abriendo cauces a su actividad y quedando el Estado en un segundo plano más callado y escondido pero posiblemente más eficaz. Este segundo estilo volcaría sus recursos y esfuerzos no en hacer por sí mismo, sino en hacer hacer, en ayudar y facilitar el trabajo y la actividad de las personas y empresas particulares a las que debe servir.

A su vez el Estado dejaría de intervenir en aquellos aspectos de la realidad económica en los que lo único que consigue con su actuación es frenar y retardar el crecimiento de la riqueza. Una gran parte de los estudios actuales llegan a centrar la idea básica de que el desafío de nuestra época no es estrictamen­te económico, sino de  orden institucional, humano y políti­co. Hay que imaginar una nueva tecnología política, o mejor, un nuevo humanismo político abierto que, al suprimir los defectos de los sistemas actuales, permita detener la continua subida de la burocracia administrativa en campos donde su actuación es contraproducente en orden a la expresión de las demandas finales de las familias y los individuos; en orden, en definitiva, a la libertad personal.